UACM: hechos y derechos: Carlos Pallán Figueroa

Con el título “mi compromiso es con la educación pública”, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Dra. Esther Orozco, publicó un documento el pasado Viernes 26 en el cual precisa la situación que vive actualmente dicha institución así como “la razón de su permanencia”. Antes de examinar dicho documento, convendría precisar algunos datos fundamentales de esta importante casa de estudios.

 

Fundada en abril de 2001 por un decreto del jefe de gobierno del Distrito Federal, obtiene su autonomía en abril de 2005 cuando la Asamblea Legislativa del D.F. expidió su Ley Orgánica. De acuerdo con esta última, la UACM “es un organismo público autónomo del D.F., por lo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese sentido se asemeja a cualquier universidad pública estatal que haya obtenido dicho régimen por parte del respectivo poder legislativo local. Por tanto, al igual que ellas, disfruta de la autonomía como una garantía consagrada en la Ley Suprema del país. Por lo que se refiere a algunas de sus dimensiones básicas, la UACM tiene una matrícula de casi 15 mil alumnos, 874 profesores y un presupuesto de 856 millones, y, de ahí derivado, un costo de 57 mil pesos anuales por alumno.

Tal y como lo relata la Dra. Orozco, el presente conflicto (un cierre de planteles por vías de hecho) que se remonta ya a más de dos meses, que ha dividido y enfrentado a grupos de esa comunidad) “hizo crisis en el mes de agosto, cuando se realizaron elecciones” para el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución. Dichas elecciones fueron cuestionadas en nueve de las representaciones en disputa, y la entidad facultada legalmente para resolver tales cuestionamientos, el Consejo Electoral, lo ha venido haciendo sin que sus resoluciones hayan sido aceptadas por el grupo que, a su vez, se opone a la rectora.

La frase “hizo crisis” se refiere al conflicto detonado desde que, en las primeras semanas de su gestión, la rectora dio a conocer un diagnóstico sobre las condiciones institucionales que prevalecían al asumir el cargo. Tal documento ponía el acento en la situación académica de los estudiantes, destacando entre los varios datos ahí contenidos el referente a que, a diez años de fundada, la Universidad había titulado solo a 86 personas. Ahí “ardió Troya” y un sector de la comunidad manifestó su oposición al documento, calificándolo de incompleto pero además apuntando algo parecido a que “la ropa sucia debe lavarse en casa” antes que haberlo hecho público.

Desde entonces (abril de 2011) la rectora ha sido objeto de innumerables acusaciones: desde actividades de corrupción, nepotismo, desconocimiento de la institución, hasta carecer de títulos académicos y cédula profesional. Desconozco si tales acusaciones han sido presentadas ante las instancias previstas en la propia normatividad institucional y si, efectivamente presentadas, han sido ya desahogadas como correspondería. Lo que sí ha sucedido, es que la prensa y los medios han recogido todas ellas y el diario representativo de la izquierda nacional ha ido más allá, mantenido una línea editorial de oposición y descalificación permanentes de la gestión que ella encabeza.

El conflicto devenido en crisis a partir de agosto pasado, cuando se da la toma de instalaciones, lo explica la rectora en función de cuatro causas: 1) “al acoso de un grupo que usa cualquier pretexto para denostar e impedir cambios y proyectos”; 2) “intereses de grupos que consideran al presupuesto universitario como fondo para subvencionar el activismo partidario”; 3) “aquellos (profesores y trabajadores) que reclaman todos los derechos y un salario digno, pero sin obligaciones ni compromisos de trabajo; 4) en síntesis, “se desea establecer el precedente de poner y quitar funcionarios mediante actos de presión y chantaje”.

Ante tales situaciones y señalamientos, sorprende al observador externo que una institución autónoma, dotada de procedimientos e instancias específicas (por ejemplo, el Consejo Universitario tiene una comisión permanente de mediación y conciliación) deba buscar, al margen de su normatividad, bases para la solución del conflicto (me refiero con ello a la “comisión de expertos”). Por muy intensas que sean las presiones, ése sería el último recurso, renunciando a su propio marco normativo. ¿Realmente lo era? Ya volveré al tema.

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