Políticas universitarias en perspectiva: Eduardo Ibarra Colado

 

En escasos doce días el país iniciará la ruta del “penietismo”. Con renovados bríos, todos se mueven para alcanzar un lugar, sin recordar acaso las palabras de un viejo priranosauro tricolor del obrerismo oficial que señalaba con probada sabiduría que “el que se mueve no sale en la foto”. En los medios, los reporteros de regocijan jugando a las apuestas, mirando dentro de su esfera mágica o señalando que su fuente, aunque confidencial, es verídica. Las quinielas sobre la integración del gabinete están a más no poder, en ese interminable desfile de nombres que buscan la cartera que les proporcione prosperidad sexenal. El país no aprende, volvemos a los viejos juegos, a las malas prácticas del pasado, reeditando a los tapaditos con morbosa curiosidad. El costo es grande pues dejamos poco espacio para lo que realmente importa, para comprender cuál será el rumbo elegido por el nuevo gobierno tras doce años de errores y excesos que han sumido al país en un sin-futuro pintado de azul y rojo. En el caso que a nosotros nos preocupa, esperamos señales claras que muestren voluntad política para impulsar en serio la educación, la ciencia y la cultura y no el consabido “espéreme tantito que vengo llegando”. Dejando a un lado las especulaciones del momento, la oferta penietista quedará claramente dibujada tan pronto conozcamos a los ungidos de la SEP, el CONACYT y CONACULTA y se muestre la prioridad que otorgue a estas actividades en el presupuesto de egresos que también pronto se conocerá.

¿Qué panorama aguarda a las universidades públicas en este escenario de cambio? Comencemos realizando una breve caracterización. El sistema universitario de nuestro país es joven y ha experimentado un proceso acelerado de conformación. Tan sólo en seis décadas, de 1950 a la fecha, se transformó radicalmente, pues de contar con un puñado de instituciones pequeñas ubicadas en el Distrito Federal y en algunas de las ciudades más importantes del país, tenemos ahora un sistema nacional que se caracteriza por su enorme dinamismo y su creciente diversificación y complejidad. Para dar una idea de la envergadura del cambio, en este breve lapso de tiempo la matrícula universitaria pasó de unos 30 mil estudiantes en 1950 a una cifra que se aproxima actualmente al millón y medio de estudiantes.1 En este mismo período se conformó la profesión académica en México, que de ser prácticamente inexistente en los años 1950, representa actualmente una opción de desarrollo para poco más de 45 mil profesores universitarios de tiempo completo. Además, de las nueve universidades públicas estatales existentes en 1950 se pasó a un sistema en el que existe al menos una universidad pública en cada estado de la República, la mayoría de ellas con presencia en distintas localidades mediante un sistema multicampus. En su conjunto, el sistema universitario público atiende a cerca del 45 por ciento de la matrícula total de la educación superior2, lo que muestra su importancia estratégica para la formación de profesionales, científicos y técnicos de alto nivel, pero también contribuye con la mayor parte de la producción científico-tecnológica nacional, a pesar de las restricciones que históricamente ha registrado el gasto público en ciencia, tecnología e innovación.

Este crecimiento ha sido acompañado por la diversificación del Sistema de Educación Superior que, a lo largo de los últimos treinta años, ha incorporado nuevas modalidades educativas para ampliar la gama de perfiles formativos orientados hacia opciones profesionales y técnicas más específicas mediante la creación de las universidades tecnológicas y politécnicas, pero también para atender, a través de la red de universidades interculturales, a grupos poblaciones tradicionalmente excluidos de la educación superior. Además, desde inicios de la década de 1990 se han impulsado políticas gubernamentales para alcanzar una estructura institucional más balanceada entre las opciones técnicas, profesionales y científicas y entre las modalidades públicas, privadas y mixtas de educación superior. En su conjunto estamos hablando de cerca de 2 mil 500 instituciones, lo que supone una gran complejidad y una enorme diversidad tanto en su orientación como en su estructura organizativa y la calidad de sus programas institucionales de docencia, investigación y difusión. Su manejo reclama una coordinación creciente que posibilite, desde su diversidad, generar los círculos virtuosos que reclama la transformación del país.


El hombre del rito y la magia

Este panorama es relevante porque indica que las universidades públicas mexicanas ya no se pueden concebir como un sistema aislado que puede darse el lujo de ignorar lo que sucede más allá de sus muros. El autismo universitario es inadmisible en una época en la que el país reclama su presencia como posibilidad estratégica para resolver sus graves problemas y propiciar el avance económico y social de la población. Por ello, las políticas gubernamentales que se requieren deben contemplar las necesidades de desarrollo sustentadas en el conocimiento, es decir, en una población más educada y como mejores capacidades para conocer e innovar, pero deben considerar también la compleja arquitectura de un sistema educativo, científico y cultural que sea capaz de atender la gama de necesidades de cada sector y región. Se trata, por tanto, de arribar a una formulación de políticas más fina en la que sean identificados los segmentos que se deben transformar, así como las modalidades institucionales más apropiadas para hacerlo.

Es necesario añadir algunos otros ámbitos de problemas que permiten apreciar la complejidad que aguarda al sistema universitario en los próximos años. En primer lugar, es necesario destacar que México sigue siendo un país de jóvenes, por lo que sin duda la próxima década se incrementará la complejidad del sistema educativo en su conjunto con la expansión inevitable de la cobertura, marcadamente en el bachillerato, la educación superior y el posgrado. Por ejemplo, la ANUIES señala la necesidad apremiante de universalizar la educación superior en el país, lo que supondría alcanzar en 2020 una cobertura mínima de 50%.3 Considerando las tendencias recientes, señala la asociación, dos tercios del aumento de la cobertura recaería en las instituciones públicas, con lo que se esperaría la ampliación de las opciones existentes mediante la creación de nuevos campus y universidades, así como la consolidación de la profesión académica a nivel nacional. El cumplimiento de la meta de crecimiento de la cobertura al 50 o 60% a lo largo de los próximos diez años supone una ampliación significativa del número de profesores-investigadores de tiempo completo y, en consecuencia, la creación de nuevas plazas y la solución de fondo al grave problema de la jubilación académica que frena el recambio generacional.

Vale la pena recordar que el crecimiento de la cobertura es una tendencia pronunciada a lo largo del último sexenio, lo que se ha traducido ya en la creación de nuevas unidades o campus en varias universidades y en el IPN. Lo mismo ha sucedido con el crecimiento del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas que, a pesar de su reducido tamaño, cuentan ya con una infraestructura que les permitirá consolidar su oferta y captar un mayor número de estudiantes.

En segundo lugar, será necesario tomar en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación que están revolucionando las modalidades de aprendizaje y proyectando nuevos espacios que empiezan a competir con y complementar a los tradicionales. Estamos pensando, por ejemplo, en los cursos en línea que ofrecen cada vez más universidades a través de diversas plataformas desde Internet, en la ampliación del perfil de los medios de comunicación y la industria editorial para consolidar su presencia en el ámbito de los servicios educativos, y en el papel que están jugando crecientemente ciertos proyectos generados en las redes sociales para favorecer el aprendizaje libre y no formalizado.

Entre estas modalidades jugará un papel primordial la educación abierta y a distancia, sistema emergente que deberá experimentar un gran dinamismo en los próximos años, incorporando con ello una pieza más de la configuración fuertemente diversificada del Sistema de Educación Superior. Por ello no debe sorprendernos la reciente creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnAD), con una oferta académica inicial de 13 carreras para otorgar el título de Técnico Superior Universitario o los grados de Licenciatura o Ingeniería. Esta modalidad alcanzó ya, con su tercera generación, una matrícula de 45 mil estudiantes, cifra relevante si se considera, por ejemplo, que supera o equivale ya a la matrícula que atienden la mayoría de las universidades públicas mexicanas en su modalidad presencial.4


El cohetero

La educación superior del futuro tendrá que experimentar una simbiosis de orden tecnológico sin precedentes que derivará en nuevas modalidades educativas marcadas por la flexibilidad curricular, la movilidad interinstitucional y el trabajo semipresencial y a distancia. Esta misma tendencia se expresa en nuevas formas de producción del conocimiento en las que convergen universidades, agencias gubernamentales y organismos sociales y privados, bajo esquemas de colaboración que reclaman una gran capacidad de gestión y mucha apertura y disposición a la adaptación. Y si hablamos de la difusión de la cultura, basta mirar lo que ya se aprecia con la emergencia de espacios y medios alternos que han trastocado profundamente las formas de creación y apropiación de las expresiones artísticas y el conocimiento popular. Hoy la sociedad tiene en sus manos muchos más medios para acercarse al conocimiento y participar en su producción y diseminación, aspectos que trastocan profundamente lo que las instituciones de educación, ciencia y cultura son, por lo que les aguarda una rápida transmutación.

Se trata de un desafío epocal que exigirá una enorme capacidad de conducción y gobierno para el que la mayoría de las instituciones no están preparadas, toda vez que no cuentan aún con un sistema normalizado y arraigado de planeación-no-retórica, es decir, una planeación que desemboque en el establecimiento de responsabilidades y en mecanismos precisos y transparentes de evaluación. Las instituciones tampoco cuentan con los elementos dirigentes –autoridades y órganos colegiados– capaces de visualizar y dirigir este proceso, ni con las estructuras que faciliten el tránsito de la universidad de consumo, esa que opera bajo la lógica de la apropiación de recursos materiales, humanos y financieron sin vincularlos a las necesidades reales de sus proyectos, hacia la universidad de producción, esa que se asienta en diversas modalidades de vinculación con la sociedad para impactar su desarrollo a través del conocimiento que genera y transmite. A este déficit hay que añadir uno similar en el ámbito de la conducción gubernamental, toda vez que sigue operando bajo líneas de política que no distinguen la diversidad y complejidad del sistema, y sin contar aún con los mecanismos apropiados de regulación de cada uno de sus componentes para impulsar esta transformación.

En tercer lugar y en estrecha relación con el imperativo tecnológico ya comentado, esta década será decisiva también para consolidar los procesos de internacionalización de la educación superior, lo que supone la intensificación de relaciones de intercambio y colaboración en espacios abiertos y la redefinición de reglas de operación que se encuentran actualmente dominadas por las agencias de evaluación y acreditación bajo estándares y metodologías que no han resultado del todo convincentes. Un aspecto muy relevante relacionado con este “salir al mundo” se relaciona con la necesidad de saber lo que cada universidad está en posibilidad de ofrecer y compartir, es decir, con la capacidad para reconocer aquellas fortalezas que definen un perfil institucional capaz de insertarse exitosamente en un medio muy competido y demandante. Se trata de un proceso de auto reconocimiento para adquirir identidad propia y para saber en qué ámbitos y mediante qué programas la institución se puede constituir como referente frente a otras instituciones que carecen de tales capacidades, delineando así los rumbos futuros que desea transitar.

Finalmente, en cuarto lugar, los niveles educativos previos también en expansión, especialmente el bachillerato, reclamarán crecientemente el apoyo de la educación superior para facilitar la formación y actualización de su personal docente y para apoyar el diseño de planes y programas de estudio. Será necesario enfatizar las áreas científico-tecnológicas y el desarrollo de una sólida formación metodológica para favorecer el auto-aprendizaje y la comprensión de problemas complejos.5 La velocidad con la que se produce el conocimiento y su obsolescencia obligan a pensar en un modelo educativo basado en el aprendizaje; como indica Edgar Morin, necesitamos transformar la educación para formar a personas con la mente bien ordenada, es decir, con la capacidad de articular el pensamiento científico a una visión humanista para enfrentar los graves problemas que nos ha heredado la modernidad.


Muchachos con máscaras

En suma, la próxima década, además de experimentar una expansión de la cobertura, deberá enfrentar la integración estructural de las nuevas tecnologías de información y comunicación y, en consecuencia, rediseñar los modelos didácticos y pedagógicos para favorecer el (auto-)aprendizaje, así como propiciar una mayor integración del sistema educativo nacional con la finalidad de articular sus distintos niveles formativos de tal forma de garantizar una formación consistente desde la educación básica hasta el posgrado. Sólo si se logra avanzar en esta dirección, México podrá incorporar el conocimiento a sus capacidades productivas potenciando su desarrollo, y tener mayores posibilidades de incorporarse a las corrientes de producción de conocimiento a nivel internacional, para dejar de ser simple espectador de un juego que mira desde la banca.

Es precisamente en este contexto en el que adquieren sentido los próximos nombramientos y decisiones que el penietismo habrá de asumir. México requiere hoy más que nunca de un gobierno con la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad política para impulsar, de una vez por todas, la educación, la ciencia y la cultura. Ello es condición para el desarrollo nacional y para propiciar la incorporación del país a los circuitos internacionales de producción y distribución de conocimiento. Nuestras opciones de futuro descansan en una decisión apropiada sobre los funcionarios que habrán de conducir estos procesos estratégicos y sobre los recursos que, al margen de regateos inadmisibles, se requieren para llevarlos a cabo. El penietismo tiene la responsabilidad de iniciar con el pie derecho. Esperemos que no desperdicie la oportunidad.

Notas

*Obras del pintor mexicano Carlos Orduña Barrera (http://carlosorduna.blogspot.mx/).

1El cálculo corresponde a la matricula atendida por las universidades públicas federales, las estatales, el IPN y la UPN (Laisum: Sección Geografía Política).

2Según datos oficiales, la matrícula total atendida por el conjunto de instituciones de educación superior alcanza hoy los 3 millones 493 mil estudiantes.

3Véase el documento de la ANUIES, Inclusión con calidad. Una nueva generación de políticas de educación superior, México, ANUIES, 2012, 55 págs.

4Considerando datos de 2010, 35 de las 41 universidades públicas consignadas en el portal del LAISUM atienden una matrícula que oscila entre los 3 mil 200 y los 50 mil estudiantes. Sólo seis instituciones captan un número mayor de estudiantes: la UNAM con 175 mil, el IPN con 88 mil, la UdeG con 80 mil, la UANL con 71 mil, la UPN con 61 mil y la UV con 55 mil. Seguramente al finalizar el sexenio penietista la UnAD estará en este grupo selecto de instituciones de gran tamaño, pero bajo la modalidad de enseñanza masiva en línea.

5La SEP calculó que para hacer posible la obligatoriedad de la educación media superior, será necesario invertir 104 mil 286 millones de pesos en los próximos diez años. Sin embargo, los recursos financieros de ninguna manera serán suficientes. Se requiere también del impulso de una política que permita que la educación superior funcione como sustento de renovación de los programas académicos y la planta docente del bachillerato. No olvidemos que 28 universidades públicas cuentan con este nivel educativo y, por tanto, con la obligación de impulsar activamente su transformación como parte de la renovación de su proyecto institucional.  

 

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