¿Nueva ley y/o secretaría de CTI en el df?

 

La relativa facilidad que se preveía para crear una secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el DF, podría no ser tan sencilla ni tan rápida. El tema tiene sus implicaciones técnicas y financieras.

El actual gobierno federal abandonó la idea de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología –incluyera o no a la educación superior. Al menos, como lo dijimos aquí hace dos semanas, no la consideró en su reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y seguramente no presentará otra reforma a la misma ley en el plazo corto.

De hecho, más que crear nuevas secretarías, la propuesta de reforma administrativa del actual ejecutivo federal va más bien en el sentido de suprimir estructuras, centralizar y concentrar funciones.

En estas páginas sostuvimos que había una especie de paralelismo en los gobiernos federal y del DF, respecto a la iniciativa de crear una nueva estructura para la ciencia y tecnología. Aunque, en realidad, la situación local funcionó más bien como un acicate a la reticente actitud del gobierno federal en esta materia.

La disposición del hoy jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, al expresar como compromiso de campaña, el 7 de mayo de este año, la creación de una secretaría de ciencia, tecnología e innovación, ofrecía la posibilidad de que sus promesas se podrían convertir en hechos. Una vez ganadas las elecciones y asumido el puesto, la certeza fue mayor.

Los mismos diputados locales del partido en el gobierno, con mayoría en la Asamblea, como también lo señalamos en estas páginas, el pasado mes de octubre se aprestaron a formular un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF (LOAPDF) para dar lugar a la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Una iniciativa que, según el proyecto de reforma, solamente modificaba la LOAPDF e inicialmente se preveía que la nueva Secretaría no consumiría recursos adicionales a los destinados al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF). Sólo faltaba que transcurrieran los 30 días que prevé el reglamento para el dictamen en comisiones, la aprobación en el pleno y listo.

Sin embargo, en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 27 de noviembre, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edgar Borja Rangel, solicitó una prórroga para el dictamen y, a la vez, junto con el diputado Federico Döring, ambos del Partido Acción Nacional, presentaron otra iniciativa de nueva secretaría.

La propuesta de Borja y Döring también es una reforma a la LOAPDF, pero fundamentalmente se trata del proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología del DF. Una iniciativa de mayor alcance y de mayor complejidad.

En la parte de justificación, dicen los diputados panistas, el ICyTDF tiene insuficientes alcances interinstitucionales y hacia el exterior. Mientras que una Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual absorbería al Instituto, “coadyuvaría directamente a establecer los mecanismos y canales necesarios para incrementar el desarrollo económico de nuestra Ciudad” (Gaceta Parlamentaria No. 025: 60).

La propuesta de ley sectorial para el DF, tanto por la definición de actividades, órganos y funciones, como por su estructura y capitulados, es relativamente similar a la norma federal. Obviamente, con las debidas referencias a lo local.

Lo interesante es que, en tales circunstancias, también reproduce las funciones, formas de conducción del sistema y esquema de financiamiento que anota la ley federal. Por ejemplo, en el capítulo I del proyecto de ley, propone un Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico del Distrito Federal, presidido por el jefe de gobierno, cinco secretarios y siete consejeros designados por el mismo ejecutivo local. Las funciones, operación y atribuciones son más o menos equivalentes a las del Consejo de nivel federal.

Más relevante es que en el capítulo VII del citado proyecto, el referente al presupuesto, se anota que “El monto que se asignará a la Secretaría dentro del Presupuesto de Egresos para su respectivo ejercicio fiscal, deberá ser equivalente al 1 por ciento del presupuesto total del Distrito Federal” (Artículo 41). Lo cual significaría más que duplicar el actual presupuesto del ICyTDF.

Faltan los dictámenes y el debate en el pleno, pero como se puede anticipar, a pesar de la composición de la Asamblea, el dilema de optar por una ley sectorial o una estructura no se resolverá tan fácilmente.

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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