Imponen candados al gasto de las universidades públicas: Carlos Reyes

En el 2013 se buscará que las universidades públicas del país asuman más control en el gasto de los recursos que ejercen.

Quiere decir mayor rigor y a detalle, van a rendir cuentas de cómo invierten el gasto.

Las auditorías externas ya son obligatorias. Sin excusa y sin excepciones. Es parte de la nueva reglamentación que deberán cumplir para acceder a mayores recursos.

Por primera vez, las universidades públicas se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tendrán que entregar informes de sus estados financieros, como lo han venido haciendo en los últimos años, pero ahora conforme a un calendario previsto, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

Los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la auditoría, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asimismo, se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos, en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información, como los programas a los que se destinen los recursos, y el cumplimiento de las metas correspondientes.

También darán cuenta del costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.

Las instituciones de educación superior deberán además desglosar el gasto corriente destinado a su operación.

Los estados de situación financiera, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, serán parte de esa nueva reglamentación.

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las instituciones públicas de educación media superior y superior llevarán elregistro y la fiscalización de los activos, pasivos corrientes y contingentes, ingresos, gastos y patrimonio de cada una.

Y todo tendrá que ser entregado a la SEP y a la Cámara de Diputados, además de ponerlo a disposición de la sociedad en sus portales de internet. Esas son parte de las nuevas reglas que deberán acatarse.

 

Rigor en los criterios

De acuerdo con los preceptos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en la nómina de las instituciones educativas podrán existir nóminas o partidas confidenciales.

Los recursos públicos otorgados a las instituciones educativas que sean usados para el pago de nóminas, deberán ejercerse en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que los beneficiarios de dichos programas deberán reportar a la Secretaría de Educación Pública los montos pagados a cada trabajador.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, antes del último día hábil de enero, emitirá las convocatorias para el concurso de los diversos fondos aprobados, respecto a los programas incluidos, con la excepción de los que estén sujetos a los calendarios escolares específicos.

En el artículo del artículo 40 del PEF, los programas destinados a educación media superior y superior, sujetos a reglas de operación, deberán contener diversas disposiciones para poder ejercerse.

En principio, la Secretaría de Educación Pública, al diseñar los programas, deberá enviar a la Cámara de Diputados un informe sobre cómo dichos programas disminuirán los rezagos de cobertura y absorción en educación media superior y superior en las diversas regiones del país.

Además, las entidades federativas deberán enviar Informes Trimestrales, tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública, sobre la aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media superior y superior.

Y finalmente, las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública.

Aunado a ello, las instituciones públicas federales y estatales de educación media superior y superior pondrán a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través de este Presupuesto de Egresos.

“En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su caso, la ley local respectiva, las instituciones incorporarán en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos autorizados”, puntualiza el PEF 2013.

En particular, el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral.

La información deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá enviar dicha información a la Secretaría de manera trimestral.

Fijar metas claras

Otras de las disposiciones que incluye el PEF se refiere a establecer e informar de metas cuantificables y claras para determinar si los recursos que ejercen las universidades tienen impacto real.

En el artículo 43, se plantea que los programas de la Secretaría de Educación Pública, destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles media superior y superior, establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.

En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública deberá informar a la Cámara de Diputados, sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa, su distribución y metas de mediano y largo plazo, a más tardar el 31 de marzo.

Por ello, los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asimismo, se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables, detallando información, como los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes.

Además, el costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.

Incluso, el desglose del gasto corriente destinado a su operación, los estados financieros, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

Las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior llevarán el registro y la fiscalización de los activos, pasivos corrientes y contingentes, ingresos, gastos y patrimonio.

Las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública, la información señalada, a más tardar el día 15 de los meses de abril, julio y octubre de 2013 y 15 de enero de 2014.

A su vez, la SEP entregará esta información a la Cámara de Diputados y la publicará en su página de Internet, a más tardar a los 30 días naturales posteriores al periodo correspondiente.

“Las autoridades correspondientes para aplicar dichos recursos verificarán que el personal de cada una de las universidades e instituciones de educación media superior y superior públicas, cumplan con sus obligaciones en términos de los contratos laborales correspondientes realizándose, en su caso, la compulsa entre las nóminas y los registros de asistencia”, establece el PEF 2013.

La Secretaría de Educación Pública enviará la información a que se refiere este artículo a la Secretaría de Hacienda, dentro de los 10 días hábiles posteriores a que aquélla la reciba.

Ésas son parte de las reglas alas cuales deberán someterse las instituciones de educación superior públicas del país, y más cuando se trata de los recursos incluidos en los llamados fondos extraordinarios.

Regular el saneamiento

Uno de los programas que estará sujeto a estas nuevas disposiciones es el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por Debajo de la Media Nacional.

En este fondo se canalizaron mil millones de pesos, de los cuales 90. 9 millones corresponden a la Universidad Autónoma de Baja California, 25. 3 millones a la Autónoma de Chiapas, 64 millones a la Autónoma de Chihuahua, 28. 5 millones de pesos a la Autónoma de Ciudad Juárez; y 107. 9 millones de pesos a la Autónoma de Guerrero.

Además, 43.8 corresponden a la Autónoma del Estado de Hidalgo, 100. 9 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, 78. 4 millones a la Autónoma del Estado de México, 70. 3 millones a la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 96. 8 millones a la Autónoma de Nuevo León, y 68. 7 millones a la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Otro monto de 104 millones corresponden a la Autónoma de Sinaloa, 51. 4 a la Universidad de Sonora, 51. 7 al Instituto Tecnológico de Sonora, 49. 6 millones a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 18. 4 millones a la Universidad de zacatecas.

Todas ellas tendrán que ajustarse a estos criterios de transparencia y rendición de cuentas de este año.

Alistan medidas

Mientras tanto, los rectores del país se alistan para hacer frente a estas nuevas disposiciones para no incurrir en incumplimiento, lo cual puede determinar la entrega de recursos adicionales.

Armando Silva Cháirez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), explica que en el caso de esta institución, la Auditoría Superior del Estado ya esclareció algunas inconsistencias del ejercicio de los recursos que se arrastraban desde 2009 en la UAZ.

Sin embargo, todavía se analiza cómo será solventado este adeudamiento que se arrastra de la administración anterior.

Lo importante, como lo plantea el propio rector de la UNAM, José Narro Robles, es cumplir con la rendición de cuentas, bajo todos los mecanismos posibles.

Y es que en estos tiempos, en que se pide públicamente que las instituciones públicas de educación superior que reciben recursos del gobierno den a conocer el manejo de éstos, hay que demostrar apertura.

“Como instituciones educativas que somos, debemos garantizar a la sociedad en general que nuestros manejos en este sentido son estrictamente escrupulosos, limpios y transparentes”, dice.

No obstante con estos criterios de transparencia, parece no existir reciprocidad en torno a los recursos que requieren las universidades del país.

El incremento del 8 por ciento al presupuesto de la Universidad de Guanajuato, por citar un ejemplo, es insuficiente, comenta el rector de la institución José Manuel Cabrera Sixto; por ello advirtió que esto impactará en el crecimiento de la matrícula universitaria en el estado.

Y es que, considerando el 5  por ciento de inflación, el incremento real al presupuesto de 2013 sólo es de un 3 a 4 por ciento.

“La Universidad de Guanajuato operará con mil 500 millones de pesos, esperamos que las actividades operativas sean normales para este año, pero sólo creceremos en matrícula de un 5 a 6 por ciento”, indica.

Comentó que pese a las gestiones realizadas en diciembre del año pasado con los diputados locales y federales, fue lamentable no lograr mayores recursos económicos.

Y eso, apunta, no va acorde con los preceptos a los que se someterán a las universidades públicas del país.

Carlos Reyes

Reportaje y ensayo

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