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Reporte de los trabajos de la Comisión de Asuntos Legislativos (CAL) del Quinto Consejo Universitario para la Convocatoria de Elección de Rectoría (2018-2022)

Lunes 29 de enero de 2018

Reporte de los trabajos de la Comisión de Asuntos Legislativos (CAL) del Quinto Consejo Universitario para la Convocatoria de Elección de Rectoría (2018-2022)

 

A la comunidad universitaria:

Por la importancia del proceso, especialmente en el contexto por el que atraviesa nuestra universidad, creemos necesario informar a los tres sectores de la comunidad de la UACM sobre los trabajos para elaborar la Convocatoria que permitirá elegir titular de la rectoría el próximo 8 de mayo del 2018, fecha en la que termina el rectorado de Hugo Aboites.

El pasado 15 de enero la CAL definió la agenda de trabajo para el primer semestre del 2018 y se priorizó la elaboración de la convocatoria para elección de rectoría. Para ese trabajo, la CAL se ha reunido los días 23 y 26 de enero.

El martes 23 de enero se iniciaron los debates sobre la convocatoria, con base en una propuesta previamente enviada por el Secretario Técnico de la CAL, Representante Huitzil Clemente. A esa sesión asistieron algunos integrantes de la comunidad que son testigos y pueden dar fe, de que el trabajo se realizó en un ambiente de respeto y las diferencias y cuestionamientos a la propuesta del Secretario Técnico se hicieron con respeto, el debate se llevó en términos argumentados y con actitud propositiva. Siendo la primera sesión, el análisis y los debates abordaron temas generales de la convocatoria, como su legalidad y los principios que debieran organizar su contenido, la urgencia de aprobarla y los aspectos políticos del trabajo del Consejo Universitario

En lo central, los cuestionamientos al documento fueron de orden normativo (fundamento legal) y político (de legitimidad).

El primero y más estructural cuestionamiento, estriba en que la propuesta inicial no se basaba en el Reglamento en Materia Electoral (RME), normativa que en nuestra institución debe obligadamente utilizarse en todo proceso electoral, tal como lo establece su artículo 1[1]; sino en el Estatuto General Orgánico (EGO), especialmente en su artículo 49, lo que daba lugar a que muchos aspectos de la convocatoria y del proceso electoral tuvieran vacíos, equívocos, confusiones y aspectos no precisados, lo que abría la posibilidad a eventuales irregularidades e ilegalidades. Se argumentó, por ejemplo, que la ausencia del artículo 109 del RME en el fundamento legal de la Convocatoria la hacía ilegal, en tanto es el artículo que establece las partes y las formalidades de la convocatoria.[2]

Otro aspecto que se cuestionó en el orden legal fue la idea de integrar a miembros del Consejo Universitario dentro del Colegio Electoral. En la propuesta se planteaba incluir a dos integrantes de la CAL y dos de la Comisión de Organización. Nuestros cuestionamientos apuntaron a que la propuesta atentaba contra el principio de independencia de los órganos electorales, establecido en RME (artículo 39).[3] Así, y gracias a que varios integrantes de la CAL aceptaron nuestros argumentos, se modificó la propuesta inicial, pero erradamente (con ánimo de avanzar y a una incorrecta evaluación de sus implicaciones) accedimos a que se integraran dos integrantes de la CAL con derecho a voz, pero sin voto, al Colegio Electoral.

En el orden político, tuvimos una extensa y encontrada discusión sobre la necesidad de publicar de manera paralela la Convocatoria de vacantes del Consejo Universitario, con el objetivo de darle mayor legitimidad al proceso y, sobre todo, favorecer la participación de los sectores de la comunidad que no están representados en el Consejo Universitario. Los argumentos de los que se opusieron a nuestra propuesta fueron, entre otros, que: “Ya se les dió la oportunidad y no quisieron. Esa falta de interés provocó que para instalar el 5º CU se tuviera que ampliar el periodo de inscripción”. A lo que nosotros respondimos que: “Una cosa es que la comunidad renuncie a ejercer sus derechos, y otra muy distinta es que el máximo órgano de gobierno prohíba o inhiba el ejercicio del derecho de participación a la comunidad”.

Es necesario recordar aquí que actualmente, el Consejo Universitario está integrado por 24 fórmulas de estudiantes y 17 de académicos, de un total de 60. Faltan 8 fórmulas del CCyH (1 estudiantil y 7 académicas), 1 fórmula del CHyCS (académica) y 10 fórmulas del CCyT (5 estudiantiles y 5 académicas).[4]

Otro argumento en contra de que la CAL asuma elaborar y aprobar la convocatoria de vacantes fue que ésta se estaba trabajando en la Comisión de Organización.[5] Ante lo cual, argumentamos que, debido al criterio político del Secretario Técnico de la Comisión de Organización Ernesto López Chávez, de priorizar temas de alta conflictividad para la comunidad, no existían condiciones para que esa comisión avanzara en su trabajo, por lo que si existía voluntad política de construir un proceso electoral legitimado en la más amplia participación de la comunidad, deberíamos aprobar la convocatoria de vacantes antes o simultáneamente a la de rectoría, que la decisión de avanzar era de carácter político.

El profesor López Chávez, integrante también de la CAL y presente en la sesión, afirmó que no habría dificultad de trabajar la convocatoria de vacantes en la Comisión de Organización, porque los temas conflictivos ya no serían un problema debido a que se excluirían del Orden del día. Al insistir en nuestro argumento, se acordó que ambas comisiones podrían utilizar el documento de la Consejera Pilar Padierna y trabajarlo de manera simultánea, así quién la terminara antes podría subirla al pleno para su aprobación. Al término de esta sesión, aprobamos la propuesta del Secretario Técnico de la CAL “en lo general” y dejamos para la siguiente sesión el análisis y aprobación en lo particular, dado que se debían integrar las consideraciones aprobadas en el debate: el Reglamento de Material Electoral como fundamentación legal principal, entre otros aspectos.

El viernes 26 de enero, el debate se centró en dos temas. El primero, fue la petición de incluir en nuestra agenda de trabajo la propuesta de convocatoria para cubrir las vacantes del Consejo Universitario. Antes de iniciar la sesión, había llegado una solicitud formal de la consejera Pilar Padierna para que la CAL revisara su propuesta. Quienes se opusieron a esta solicitud fueron más tajantes en su postura, incorporaron nuevos argumentos (“no se vale traer a la CAL conflictos que son de Organización”, “ya está en Organización y ahí la vamos a sacar”) y se negaron del todo a asumir la discusión de la convocatoria de vacantes. Argumentamos que prohibirle a la comunidad el ejercicio de sus derechos podía ser motivo de responsabilidades universitarias y que no deseábamos enfrentarnos a esa situación, sobretodo, porque observábamos que la mayoría de la CAL no tenía argumentos institucionales para rechazar la solicitud de la consejera Padierna y que su único argumento era de carácter político: impedir que la comunidad participara en la elección del próximo rector/a, lo que atentaba contra la legitimidad del proceso electoral. Se pasó a votación y de diez integrantes en la sesión, 7 rechazaron la solicitud.

El segundo tema de la reunión fue el análisis en lo particular de la propuesta del Convocatoria de elección de Rector del Secretario Técnico de la CAL. Para exponer con claridad las observaciones que llevábamos, pedimos el tiempo suficiente (no limitados a los 4 minutos por intervención) para exponerlas en su totalidad –con apoyo de una presentación digital–. Ello posibilitó explicar que, ante una eventual consulta a la comunidad, la propuesta de Huitzil Clemente presentaba graves carencias que debían ser corregidas. Planteamos que tales imprecisiones podrían transformarse en problemas graves para el proceso de elección. En concreto explicamos que su propuesta: atentaba contra los principios de imparcialidad e independencia de los órganos electorales; no regulaba la instalación y funcionamiento de los órganos electorales, ni la emisión de la convocatoria, ni sus fases; tampoco reglamentaba la jornada electoral, la publicación de las actas de la jornada, ni la calificación de ésta.

En síntesis, planteamos que se requería complementar la propuesta con el RME a fin de lograr una convocatoria que cumpliera los mínimos legales y que regulara, en la medida de lo posible, todos los aspectos que podrían presentarse en el proceso electoral del próximo rector o rectora de nuestra universidad. Entre otros temas, planteamos que no se debían integrar bajo ninguna figura, a consejeros universitarios en el Colegio Electoral porque ello era violatorio de la Ley.

Nuestra presentación provocó un desencuentro entre Ernesto López Chávez, quien manifestó su acuerdo con las modificaciones que planteamos, y Huitzil Clemente, que muy molesto las rechazó del todo, y se retiró de la sesión, lo que obligó a declarar un receso. Al reanudar la sesión, Huitzil exigió mantener su propuesta original sin cambios; ante esta actitud, manifestamos nuestro rechazo a aprobar una convocatoria ilegal y manifestamos nuestra intención de presentar un punto de disenso que denunciara la ilegalidad en que se incurriría. Algunos consejeros estudiantes consideraron pertinentes nuestras propuestas de modificación, y así, Hutizil accedió a incluirlas en el documento de discusión.

La sesión se declaró permanente para terminar de elaborar y aprobar la propuesta de convocatoria para elección de Rector(a) que se enviará al pleno del Consejo Universitario.

El día de hoy, lunes 20 de enero comenzamos a analizar un nuevo documento que retome las modificaciones acordadas, y cuya estructura respete el Reglamento en Materia electoral, el Estatuto General Orgánico y la legislación pertinente de nuestra universidad.

No tenemos certeza de que se acepte la propuesta que ya fue enviada a los integrantes de la CAL, ayudaría la presencia de la comunidad para escuchar los argumentos de quienes buscan tener el control del proceso y quiénes proponemos un proceso trasparente, legítimo y legal.

La CAL sesionará el día martes 30 de enero en la sala azul de la sede García Diego; a las 10:00 hrs., en primera llamada y las 11 en segunda convocatoria

 

Consejeros

Renata Aguilar

Beatriz Romero

Francisco de la Guerra

Gabriel Medina Carrasco

 

 

 

 


[1] Art. 1 RME: El presente Reglamento es de orden público y aplicación general en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México regirá los procesos electorales que se celebren en ésta mediante el sufragio universal, libre, directo, personal y secreto, con la finalidad de elegir los representantes ante el Consejo Universitario, Consejos de Plantel, órganos académicos colegiados, Rectoría, Coordinadores de Planteles y Colegios, las demás autoridades y representantes que determinen las normas universitarias. […]

 

[2] Art. 109 RME: Todas las convocatorias deberán contener las siguientes partes, divididas en títulos, capítulos o secciones: I. Fundamento legal; II. Alcance de la convocatoria; III. Integración de los órganos colegiados electorales; IV. Proceso de elección; y V. Medios de Impugnación.

 

[3] Art. 39 RME: El principio de imparcialidad es concomitante al principio de independencia, el cual hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los miembros de la comunidad que conforman los órganos colegiados electorales, para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al marco normativo.

 

[4] Esto considerando las fórmulas que se presentaron en el proceso de renovación de la legislatura y los resolutivos del Comité de impugnaciones por los cuales se integran tres formulas que estaban en proceso de revisión. Falta, además, revisar las bajas de consejeros (as) por inasistencias.

 

[5] En efecto, la Consejera Pilar Padierna presentó una propuesta de convocatoria de vacantes el pasado 15 de noviembre, siendo postergada hasta la fecha para su discusión en la Comisión de Organización, en la que se optó por priorizar las solicitudes de revisar el caso del ex profesor González Ruiz, y la solicitud de Responsabilidades Universitarias contra algunos consejeros que hemos denunciado las situaciones de violencia de género, evidenciado el proceder ilegal de algunas secretarías del Consejo Universitario. 

 

 

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