ANÁLISIS SOBRE EL ILEGAL DESPIDO DEL PROFESOR ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ

ANÁLISIS SOBRE EL ILEGAL DESPIDO DEL PROFESOR ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ.

De Norma Ramírez Alpírez:

Donde la ley no distingue, no nos es dado distinguir. Reza un principio general del derecho. El cual forma parte de la garantía del debido proceso. Por este principio no puede existir presunción humana que no cuente con su debido fundamento en una presunción legalmente establecida. Es decir, cuando la ley no prevé para el caso en concreto el juez no puede, ni mediando buena fe, ni sentimientos éticos o morales, juzgar algo que la ley misma no juzga. No puede por simpatía personal o comprada establecer condena sobre lo que no existe delito ni ilícito alguno. Muchos son los casos en que así sucede (no se logra porbar ni el hecho ni las excepciones) y entonces el juez que conoce deja a salvo los derechos de las partes para que procedan en una vía distinta a la intentada. No precisa una sentencia ser condenatoria o exculpatoria. Puede declarar que ni el actor probó sus hechos, ni el demandado sus excepciones, luego entonces se deja el derecho de las partes a salvo para que vuelvan a intentar la acción o bien intenten una vía distinta.

En materia penal se llama el principio in dubio pro reo, cuando exista duda, se beneficiará al reo. En materia laboral in dubio pro operario en caso de duda se beneficia al trabajador.

Ahora bien, una investigación administrativa no es una investigación judicial, en otras palabras, no es un juicio. Las resoluciones que se tomen deberán ser conforme con la gravedad de los hechos que se juzguen por lo que las medidas que se toman son desde la capacitación para la no repetición de la conducta, separación del cargo de manera temporal, la inhabilitación para un puesto público y el despido. El orden no es caprichoso. Dependiendo de la gravedad la instancia administrativa que investiga deberá sancionar y si se tratara de una causa grave se procederá con la última alternativa: el despido. También en este supuesto el órgano que investiga queda condicionado a denunciar judicialmente la falta cometida para que se proceda en la vía judicial contra el demandado.

Requisito sine qua non es probar plenamente la falta, no presumirla. No se permite al que investiga sancionar a partir de una presunción y menos si la presunción humana no se fundamenta con una presunción legal.

Este es nuestro punto en el caso del Dr. González Ruiz:

1. No fue probado el hecho, se presumió a partir de la simpatía, buena fe o buena voluntad de quién juzgó. Lo que nos lleva a pensar que no se está aplicando el derecho sino actuando a título personal o guiado por intereses que jurídicos no son.

2. Si a juicio del que juzgó la falta no probada fue tan grave que ameritó despido ¿por qué no denuncia penalmente como procede?

3. Si su presunción humana se basa en el criterio de las circunstancias que rodearon el hecho hacen verosímil el testimonio, entonces ¿está la universidad reconociendo que el clima de machismo no le es ajeno y que no es la primera ni la última denuncia de tipo sexual que conoce? ¿Cómo resolvió las anteriores? ¿También a partir de la presunción humana o logró probar algún hecho cierto? ¿O escudándose en la defensa de un grupo vulnerable está realizando una cacería de brujas?

4. En un comunicado del 4 de mayo la Universidad dice que la vía judicial queda dispuesta para que el Dr. González Ruiz proceda en su defensa, ¿entonces es político? ¿No se trata como dicen de defender los derechos humanos de las víctimas sino de sacarlo de la universidad?

No nos queda clara la resolución que se tomó en el caso concreto, ¿por qué no demostrar su buena fé revisando la resolución? O de plano es una decisión políticamente tomada y están dispuestos a asumir los costos de la misma. ¿Entonces quién lo decidió?

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